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Sobre la información

¿Encarnan mis actos los valores que caracterizan el modo de convivencia que deseo para mis seres queridos?

Más allá de que la integridad implicada en la pregunta rige todos los aspectos de la vida, en esta oportunidad queremos reflexionar brevemente entorno a un aspecto vinculado al tema de la información. Nuestra generación parece haber aprendido mediante la dura cosecha de las contradicciones que nos asolan, que la independencia entre moral pública y privada no pasa de ser una media verdad insostenible, tal vez nada más que otro camuflaje del egoísmo y la voluntad de poder.

La denominada “necesidad de estar informado” procede, se deriva, de una determinación antecedente. Estar informado es algo relativo a una finalidad. No se justifica por sí mismo sino en orden a algo desde lo cual se sigue el valor que a la información se le otorga.

Como toda necesidad, la necesidad de estar informado también es derivada y relativa al objetivo al cual se ordena, ya que algo se dice necesario cuando sin ello no se puede lograr aquello otro que de tal necesidad depende. Luego, ni la necesidad de estar informado, ni siquiera la necesidad de respirar, se imponen por sí mismas sino en orden a esa otra cosa de la cual proviene su necesidad. Es la excelencia humana de la vida lo que orla de valor a todo lo que en virtud de ella se estima como necesario o simplemente conveniente.

Los derechos, como los valores, se rigen por ciertos principios en base a los cuales se distinguen y ordenan. Son constelares. Son igualmente designados como derechos, pero en cuanto tales son distintos. No son independientes unos de otros. Son relativos unos a otros. Se ordenan al bien común y tienen entre ellos un tipo de relación basado en la preeminencia de los más fundamentales sobre los que de ellos dependen.

Todo derecho se fundamenta en algún tipo de obligación, de reconocimiento previo. Así, por ejemplo, el derecho positivo sobre el derecho natural, el derecho a la vida sobre el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, los valores sobre la pertinente estimación subjetiva de los principios.

En consecuencia, la información será valorable según la legitimidad del objetivo al que se ordena. Lo cual nos lleva a sostener que, así como hay información necesaria y conveniente, así también, como los hechos lo demuestran, se divulga cierta información cuyo valor no sólo es desestimable sino vituperable, como vituperable son los intereses corporativistas en virtud de los cuales cierta información se deforma o se esconde.

En tanto el conocimiento mueve el deseo de la voluntad y no todos los seres humanos tienen equivalente formación en criterios de discernimiento, resulta aconsejable considerar lo que en la experiencia cotidiana se constata: que existe en circulación cierto tipo de información que a ciertas personas mueve inconvenientemente. Así como no siempre se puede achacar la responsabilidad a quien recibe la información, parece realista sostener la imposibilidad de librar de la responsabilidad que le compete a quien la promueve y difunde. Pues si bien es cierto que nadie está obligado a enterarse de lo que no le interesa, también es cierto que la valoración de parte del público es posterior a su difusión. Y entonces, para muchas personas ya es tarde.

Prudencia. Ni un extremo ni el otro. Criterio y sentido del bien común. Así como mediante la censura implacable corremos el riesgo de mantener al público en estado de minoridad, la falta de control adecuado elimina indiscriminadamente la minoridad del público.

No se trata de ignorar el derecho a la información, ni el derecho de darla ni el de recibirla, sino de tener efectivamente presente el marco axiológico que toda comunicación implica. En un sentido el autocontrol personal es preferible al control ajeno, pero es más fidedigno cuando está respaldado por la instancia análoga a nivel comunitario. Cuando el marco de referencia comunitario es aberrante, la libertad tiende a la arbitrariedad y su ejercicio recto se torna heroico.

Si todo derecho está regido por alguna obligación, en este caso parece conveniente considerar que deberíamos tener presente al menos la obligación de la recta administración de la información, lo cual no es independiente de la honestidad de su contenido, la rectitud en la intensión de su búsqueda y divulgación, el respeto a la dignidad de todas las personas involucradas, empezando por la más vulnerables.

¿No resulta evidente que, mientras un adulto puede encontrar la forma de resolver la necesidad de informarse, para lo cual se supone que posee criterios de discernimiento, un menor de edad no puede jamás por sí mismo resolver el desequilibro que se sigue del acceso a información indiscriminada?

Naturalmente, respecto a los hijos la obligación tutelar es de los padres. Pero también estamos obligados a verificar la pertinencia de lo que divulgamos, todos aquellos que por edad y función debemos velar por el bien ser de los que nos suceden. Respecto a la generaciones en formación, no dejamos nunca de ser causa ejemplar del sentido de la vida y del modo de convivencia al cual damos vida con nuestro forma de ser y de conducirnos.

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